Semilla y árbolAl escuchar algunos de los argumentos que se emplean contra el aborto parecería que las mujeres que se ven en la situación de tener que interrumpir su embarazo lo hacen en una especie de fiesta. Como si el verse en esa tesitura fuese una decisión intrascendente para ellas, por la que igual que abortan pudieran hacerse la cera.

Otra línea de descalificación de la decisión de la mujer es equiparar el aborto al asesinato o al holocausto en los campos de exterminio nazis.

Y ante este tipo de razonamientos, por llamarlos de alguna manera, la primera idea que nos acude a la cabeza es que el proponente quiere tomarnos el pelo. Cuesta creer que alguien con dos dedos de frente y un mínimo de inteligencia sea tan zafio como para usar aún estos argumentos. Pero es cierto, son los favoritos de cierto tipo de personas, entre los que la jerarquía de la Iglesia católica destaca.

En los últimos tiempos hemos visto campañas en vallas publicitarias de las asociaciones “pro vida” -¿de quién?- donde se equipara una mórula con un bebé y con los mismos derechos legales de protección que él, e incluso superiores a los que tiene la mujer. Se ha podido ver en el caso de la joven salvadoreña Beatriz o el de la dentista Savita Halappanavar, embaraza de 17 semanas, que falleció en el Hospital Universitario de Galway (Irlanda) porque los médicos se negaron a practicarle un aborto mientras el corazón del feto -inviable- latiese. Cuando intervinieron, cuatro días después, era demasiado tarde para esta mujer de 31 años. Murió de septicemia.

Ante estas situaciones, las mujeres o las niñas, como en el caso de la brasileña de 9 años, que tuvo recurrir al aborto tras la violación de su padrastro y cuya vida corría peligro por un embarazo gemelar, obtienen de la derecha más recalcitrante un desprecio por su vida que contrasta con la cerrada defensa que hacen de las aglomeraciones celulares.

¿De verdad alguna vez se han puesto en la piel de la mujer que se ve en la necesidad de abortar y sólo la dejan la vía del curandero en condiciones de inseguridad e insalubridad, mortales en demasiadas ocasiones? ¿Son capaces de imaginar el miedo y la angustia de una mujer en esa situación? Es imposible creer que se hayan podido poner en su piel. Sentir lo que sintieron.

Y como estas posiciones tan cerriles, que repugnan tanto a la fraternidad como a la inteligencia ha alejado, incluso, a muchos cristianos, y es de difícil defensa moral ante el dolor cierto de la mujer, es lo que estos ultramontanos han reinventado los argumentos: si no los pueden hacer éticos, los hacen “científicos”.

Así, abusando del prestigio que rodea a todo aquello que pueda calificarse de científico, dándole un sello de autoridad y certeza, se han lanzado a una ofensiva que, junto a la afirmación de que “tras la fecundación hay vida” -que nadie discute-, quieren colar de matute que esa “vida” es equiparable a la de un ser humano adulto. ¿Habrá que recordarles a estos jerarcas eclesiales lo que Aristóteles ya tenía claro hace 2.300 años de que una bellota no es un roble?

Pero si Aristóteles los deja en evidencia y ya no les sirve hoy, tiran de algunos científicos que anteponiendo creencia a evidencia, como César Nombela, miembro del Comité Español de Bioética y actual rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, retuercen el argumento biológico de la “humanidad” del embrión para dotarle del mismo grado de protección legal y de derechos que tiene el adulto. Lo que es una forma sesgada de limitar los derechos del adulto ante lo que es -o debería ser- un hecho vital libre: el deseo de ser madre o no. Y no digamos nada si ese deseo se ve alterado por una enfermedad grave sobrevenida en la embarazada, malformación fetal, violación o circunstancias sociales absolutamente incompatibles con la voluntad primera de tener un hijo.

Otro científico, como el catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares Nicolás Jouve, no tiene muchos miramientos a la hora de afirmar en el canal de TV Intereconomía “hay fábricas de refrescos que utilizan fetos de bebés abortados para endulzar sus productos”. Pasando así de la “verdad científica” a la teoría de la conspiración proabortista tan del gusto de algunos sectores y del obispo de Alcalá de Henares monseñor Reig Plà, que, también en Intereconomía, denunciaba la conspiración internacional que busca reducir drásticamente la población, y cuyos promotores serían la ONU, la UNESCO, el Banco Mundial, la Federación Internacional de Planificación Familiar o el Parlamento Europeo con la connivencia de gobiernos, partidos y sindicatos.

Jouve, que mentía a sabiendas, pues en un científico de su nivel cuesta creer que no conoce el origen de ese bulo sobre “las compañías de refrescos”, anteponía su creencia cristiana, perfectamente legítima, a la verdad científica y se suma desde su cátedra a la confusión entre lo demostrable y lo opinable.

 Y como en esta búsqueda de “prestigio científico”, los “antiabortistas” no querían dejar ningún palo sin tocar, sumaron el trastorno psicológico como efecto secundario a las mujeres que abortasen –sin negar que haya casos en que esto sea cierto-.

Así, Natalia López Moratalla, profesora de bioquímica de la Universidad de Navarra, recoge un artículo en la revista Cuadernos de Bioética (editada por la Asociación Española de Bioética que preside ella misma) que “las mujeres que se habían sometido a un aborto […] tienen un 81% más de riesgo de problemas de salud mental”. Se hacía eco de un estudio de P. Coleman publicado en el British Journal of Psychiatry y que fue duramente criticado por la Asociación Estadounidense de Psicología por su mal planteamiento metodológico y conclusiones sin fundamento.

Por finalizar, el aborto -la interrupción voluntaria del embarazo- no es una cuestión de ciencia ni de inconsciencia de la mujer, o una conspiración, sino que es la necesidad ante la que se ve abocada una mujer cuando lo que para ella era una ilusión se troca en un desastre personal; o cuando tras una violación se vive como una doble carga: la de la agresión y la del embarazo. Es entonces cuando lo único que los poderes públicos pueden y deben hacer es facilitar al adulto, al sujeto cierto y vivo de pleno derecho aquí y ahora -a la mujer- las mejores condiciones sanitarias y sociales para interrumpir lo que no es un embarazo deseado sino una grave alteración de su vida.

Aquí no valen argumentos científicos -que no los hay-, ni imposiciones ideológicas. Lo único que vale hoy es lo mismo que valía ayer: si la mujer pare, la mujer decide.

Negarles a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo es atentar contra la libertad de la mitad de la humanidad, es negarles ser dueñas de su intimidad, de sus deseos y a tener el control de su vida. En definitiva, a ejercer como ciudadanas con plenos derechos.

Hemos dicho.
Sonia y Ricardo
 
Sobre este mismo tema en agosto de 2012 se publicaba “Por cada embarazo no deseado: un hombre cómplice